La Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo define como violencia armada al uso intencional de la fuerza ilegítima (real o en forma de amenaza) con armas o explosivos contra una persona, grupo, comunidad o Estado que atenta contra la seguridad centrada en la persona y/o el desarrollo sostenible.

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Es decir, la violencia armada condiciona el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales a la integridad humana y la vida social, y en consecuencia, afecta la seguridad pública, en tanto derecho colectivo de los pueblos y condición indispensable para el desarrollo sostenible.

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Nadie puede negar el vínculo claro que existe entre las armas y los hechos delictivos, las muertes violentas, los femicidios, los accidentes domésticos o los suicidios. Los datos varían pero la información es contundente. Las Fuentes de Salud Pública siempre indican que la mayor parte de los fallecidos se conocían con el agresor: hablamos de muertes que ocurren en ocasión de la mal resolución de conflictos interpersonales hasta aquellas provocadas por la violencia de género. Sin dudas el fondo de la cuestión es la magnitud del daño que produce la violencia armada como manifestación social. 

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Los fundamentos del desarme.

La conflictividad es inherente a las relaciones humanas. 

​Sólo hay que pensar en cuántos disensos tenemos como sociedad. 

Una democracia define con claridad los mecanismos y dispositivos para gestionar esa conflictividad. 

Y es que la democracia implica que existe un consenso social de no utilizar la violencia como medio para la resolución de nuestros conflictos. 

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La mayor cantidad de muertes y heridos ocurre en ocasión de conflictos interpersonales, de género u odio cultural.

En Argentina las muertes por armas de fuego superan a otras causas de muertes como las provocadas por el Sida, la Tuberculosis, la Leucemia y la Meningitis. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la probabilidad de que un joven latinoamericano sea muerto por un arma de fuego es 84 veces mayor que la de un Europeo. 

Latinoamerica, con el 14% de la población mundial, concentra el 42% de los homicidios que se producen en el mundo. 

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El daño que nos provoca un arma de fuego viola los derechos humanos.

La violencia armada condiciona el libre ejercicio de derechos y libertades fundamentales que hacen a la integridad humana y a la vida social. Afecta la vida como derecho inalienable de la condición humana y afecta la seguridad pública en tanto derecho colectivo de los pueblos a vivir libre de violencia, condición indispensable para el desarrollo sostenible. 

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Vivir en democracia implica que existe un consenso social de no utilizar la violencia para la resolución de nuestros conflictos 

Las Campañas de Desarme y las Políticas públicas de Control de armas de fuego son acciones orientadas a la resolución no violenta de la conflictividad social a partir de la reducción de la proliferación de armas de fuego en manos de la sociedad civil. 

Esto significa abordar los problemas de violencia con visión para la transformación de la realidad social y cultural de una comunidad. 

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El daño que nos produce un arma de fuego imposibilita la construcción de proyectos personales alternativos al uso de la violencia y altera nuestros modelos de convivencia

El ejercicio de la violencia armada se esconde en los viejos modelos de dominación patriarcal. Relación de poder que promueve la reproducción de la violencia social y la expansión del Estado Penal como única y falsa solución al problema de la ausencia de mediación y resolución no violenta de la conflictividad social.

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