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Controlar las armas de fuego para salvar vidas.

Nov 1, 2023. Julian Alfie. Subdirector Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Por primera vez en la historia argentina, la libre portación de armas de fuego ha sido tema de debate en una campaña electoral presidencial. ¿Por qué sucede esto en uno de los países con menor tasa de homicidios de América Latina y premiado internacionalmente por su programa de desarme? ¿La ciudadanía quiere armas o seguridad? La inseguridad es, desde hace más de 20 años, uno de los temas que más preocupa a la sociedad argentina. En ese mismo lapso, las políticas públicas de control de armas de fuego y desarme tuvieron un inédito desarrollo en nuestro país. La comprensión de que las armas no son una fuente de seguridad, sino un factor que la pone en riesgo aparece, por primera vez, como un eje de discusión en la agenda electoral. “ Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente ”, dijo en 2022 el entonces diputado Javier Milei, hoy candidato presidencial, quien resultara segundo en las elecciones generales. Pero este excéntrico outsider, seguidor de Trump y Bolsonaro, no es el único integrante de su partido que se expresó públicamente en ese sentido. Su candidata a vicepresidenta admitió ser usuaria de armas y opinó que la tenencia es un “derecho” para “el ciudadano de bien que se quiera defender”. Si bien la polémica que desataron estas declaraciones llevaron a esos candidatos a relativizar sus dichos, lo cierto es que la plataforma electoral presentada por el candidato al comienzo de su campaña presidencial plantea, sobre la tenencia de armas de fuego, la “desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. EL QUE QUIERA ANDAR ARMADO, QUE ANDE ARMADO Milei no es el primer político argentino en plantear este debate. 5 años atrás, la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho en una entrevista informal a la salida de un restaurante, que “el que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Si bien su frase completa añadía que ella y su espacio preferían que la gente no estuviera armada, la polémica no tardó en estallar. Por primera vez se ponía en duda el absoluto consenso político respecto a la necesidad de restringir el acceso a las armas de fuego. Más allá de sus ambivalencias, ambos tuvieron expresiones favorables a la libre portación ¿Puede inferirse que la sociedad argentina cambió su mirada sobre las armas? La respuesta no es tan sencilla. Sin embargo, existen señales de que el reclamo de la ciudadanía por seguridad no se traduce en un apoyo a la libre portación. «La sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años.» Argentina no es un país armado. Su tasa de 7.4 armas de fuego en manos de civiles cada 100 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región. Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió quitar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013 ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo. Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y el desarme prácticamente unánimes. Sin embargo, la última prórroga del plan de desarme, votada en 2021, ya había dado una señal de alerta: si bien el 93% de los diputados votó a favor, por primera vez se registraron votos en contra de la renovación de ese programa, que ya había sido prorrogado en 7 oportunidades anteriormente. Una conclusión inicial de estos datos, a la espera del resultado definitivo de las elecciones presidenciales, es que la sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años. Es cierto que el voto a un candidato a presidente no significa un apoyo a todas sus propuestas; pero probablemente sí indique, aunque sea, una tolerancia a la mayoría de ellas. Si la hipótesis es cierta, es necesario prestarle atención a este síntoma. Si bien Argentina cuenta con una tradición social, institucional y cultural consolidadamente restrictiva de la circulación de las armas de fuego, recientes experiencias en otros países latinoamericanos demuestran la facilidad con la que esos controles pueden socavarse. LAS ARMAS EN ARGENTINA Argentina actualmente tiene alrededor de 1.000.000 de usuarios de armas de fuego legalmente registrados, aunque la mayoría de ellos se encuentra en una situación de ilegalidad por tener su autorización vencida. Además, se estima que, incluyendo las armas de fuego no registradas, el número total de armas podría triplicar o cuadruplicar a las 1.7000.000 que constan en los registros oficiales. «Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.» Entre 2011 y 2019, en Argentina murieron en promedio 8 personas por día por la utilización de armas de fuego. Uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina es producido con un arma de fuego. El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego. Desde 2015, Argentina cuenta con una Ley modelo a nivel regional, que creó y regula la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que tiene a su cargo no sólo el registro y control del mercado legal de armas, sino también “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada” (Ley 27.192). Entre otras funciones, esa Agencia tiene a su cargo la implementación del mencionado Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La creación de la Agencia fue un enorme avance en la materia, aunque lo cierto es que la ley sigue sin implementarse en su totalidad, ya que el organismo sigue sin contar con los recursos presupuestarios suficientes para implementar todas las acciones que tiene a su cargo. LOS RIESGOS DE LA LIBRE PORTACIÓN Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito (como afirmó el propio Milei), contribuyen al aumento de la violencia, el delito y las muertes. Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas. El caso de EEUU, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo (120 armas por cada 100 personas), es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7.5 veces mayor a la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y femicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países. «no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas.» ​La inseguridad es, sin lugar a duda, un problema central para la sociedad argentina. Aun cuando su tasa de homicidios sea relativamente baja en relación a otros países de América Latina, la encuesta realizada por LAPOP refleja que es uno de los tres países de la región con mayor cantidad de encuestados que reportan haber sido víctimas de la delincuencia en 2021. La delincuencia se ubica dese hace años en el podio de preocupaciones de la ciudadanía argentina. Sin embargo, no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas. Las discusiones sobre cuál debe ser el rol del Estado, principalmente centradas en la política económica, no pueden trasladarse linealmente a las políticas de seguridad. Incluso aquellos sectores con una visión más reduccionista del tamaño estatal han sido históricamente favorables a reconocerle el rol de monopolizar el uso de la fuerza. Por lo tanto, quien asuma el gobierno en diciembre tendrá una doble responsabilidad. Por un lado, desarrollar políticas de seguridad eficaces, que permitan reducir los índices de criminalidad y la percepción de inseguridad. Y, por el otro, garantizar la vigencia y la extensión de las políticas de restricción de las armas de fuego, ante la aparición de voces que buscan relativizar los enormes riesgos de liberar las armas.
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La sociedad no pide armas, pide seguridad. Y los datos demuestran que más armas implica menos seguridad. Fuente La VANGUARDIA. https://lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2023/11/01/armas-o-seguridad/

GUSTAVO COLÁS: “ES PREOCUPANTE QUE LA FUERZA DE MILEI QUIERA LIBERAR EL ACCESO A LAS ARMAS

El integrante de la Red Argentina para el Desarme señaló que durante 15 años, hubo un enorme consenso de las fuerzas políticas en este tema. En contacto con TER por Radio Provincia, Gustavo Colás, integrante de la Red Argentina para el Desarme explicó que ante el avance de la derecha y las declaraciones de Javier Milei al respecto, aseguró que “la incorporación al debate público de la discusión de la libre portación de armas, es enormemente preocupante, porque se rompen las políticas de Estado. Ahora aparece esta fuerza de liberar el acceso a las armas para que la gente autogestione su seguridad”. Y en este punto añadió que “desde el 2006 con Néstor Kirchner se sacó al RENAR, de la esfera del ministerio de Defensa en relación al control de las armas y pasan a la seguridad pública”. El abogado con experiencia en legislación y políticas de control de Armas y programas de desarme señaló que desde entonces, se estableció “el programa voluntario de entrega de armas de armas de fuego. Durante 15 años había un enorme consenso de las fuerzas políticas”. El entrevistado afirmó que a pesar que “la sociedad argentina tiene una inmensa preocupación por la seguridad. Hay encuestas recientes que dicen que el 77% de la población rechaza la libre portación de armas". Y agregó que “EE.UU es el único país desarrollado que tiene 50 mil muertes por armas por año, similar al de países latinoamericanos”. Escucha la entrevista completa en: https://provinciaradio.com.ar/noticia.php?noti_id=12903

“Desarme Voluntario en Argentina. 15 años de avances y desafíos”

En el Campus Universitario de Tandil se llevará adelante la presentación del libro “Desarme Voluntario en Argentina. 15 años de avances y desafíos”, primera producción institucional, jurídica y académica sobre la política de Desarme Voluntario en nuestro país. La presentación será el miércoles 1 de noviembre a las 10 en el Auditorium de la Biblioteca Central del Campus Universitario de la UNICEN, Paraje Arroyo Seco, Tandil. La obra fue producida en el año 2022 por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ-Infojus) y se presenta por primera vez en una universidad argentina. La violencia es siempre un problema social; más aún cuando hay presencia de armas de fuego y las estrategias de resolución de conflictos son predominantemente violentas. Es una cuestión de Estado y también cultural. El aporte de las Universidades y los organismos públicos de ciencia y tecnología es indispensable para el abordaje de este problema.

Ecos del debate: «Los problemas de inseguridad no se resuelven con más armas de fuego en las calles»

El subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Julián Alfie, analiza el cruce entre candidatos. Celebra que haya existido un fuerte rechazo a la libre portación de armas, pero advierte que los discursos 'pro-armas' no son aislados. Bullrich insiste con bajar la edad de imputabilidad y chicaneó a Milei. Qué dicen los números. Uno de los ejes que generó más contrapuntos en el debate presidencial de este domingo fue el de Seguridad, que tuvo mayor protagonismo de discursos punitivistas, mano dura y las advertencias por el peligro que encierra la desregulación del uso y la portación de armas. ¿Pero cuál es la realidad de estos temas? La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, adelantó que de convertirse en presidenta bajaría la edad de imputabilidad y chicaneó al liberal Javier Milei, al asegurar que éste propone la libre portación de armas. Cuando Bullrich azuzó a Milei sobre su postura de “liberar las armas” para uso civil, el referente ultraliberal le respondió que había una Ley de Armas y que su planteo era limitarse a “cumplirla”. “Milei, mirá tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala. Pero si cambias la plataforma, es porque no estabas convencido”, contestó Bullrich envalentonada. De hecho, la plataforma de Milei es clara: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. Lo cierto es que en otros momentos, sobre todo cuando era ministra de Seguridad, Bullrich se mostró a favor de que las víctimas de un delito se defiendan a los tiros, aún cuando todo ocurriera en medio de una situación confusa. Al respecto, Tiempo dialogó con Julián Alfie, subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) quien analizó: “Celebramos que en el debate de ayer haya existido un fuerte rechazo a la libre portación de armas, incluso por parte de sectores que se habían mostrado ambivalentes o incluso explícitamente a favor de esa libre circulación”. “Es posible que todos los sectores políticos hayan tomado nota del fuerte rechazo que la sociedad argentina tiene respecto a la circulación de armas en la sociedad civil. De todos modos, hay que ser conscientes de que estos discursos ‘pro-armas’ no son aislados, sino que vienen en auge a nivel regional e internacional”, señaló Alfie. El especialista, entonces, advirtió: “La ciudadanía debe estar alerta para evitar que, bajo discursos un poco más sutiles, se terminen eliminando los controles hoy existentes. Más armas significa más muertos y más violencia. Los problemas de inseguridad no se resuelven con más armas de fuego en las calles, sino con un mayor control para que ninguna arma sea usada ni en ocasión de robos, ni tampoco en el hogar, en las escuelas o en cualquier pelea entre vecinos. No se trata de ciudadanos buenos o ciudadanos malos, sino de un instrumento que aumenta los riesgos de que se produzca una muerte, lo posea quien lo posea”. Nota completa en https://www.tiempoar.com.ar/politica/julian-alfie-celebramos-que-en-el-debate-haya-existido-un-fuerte-rechazo-a-la-libre-portacion-de-armas/

Libre portación de armas: una peligrosa novedad en la campaña presidencial de Argentina

Voces de Expertos y Expertas Emergentes. Esta publicación forma parte de una serie especial de contribuciones al blog "Mirando hacia el Futuro" realizadas por miembros de los programas de Expertos y Expertas Emergentes del Foro. https://www.forumarmstrade.org/blog/libre-portacion-de-armas-una-peligrosa-novedad-en-la-campana-presidencial-de-argentina Por Julian Alfie (*) Por primera vez en la historia argentina, la libre portación de armas de fuego ha sido tema de debate en una campaña electoral presidencial. ¿Por qué sucede esto en uno de los países con menor tasa de homicidios de América Latina y premiado internacionalmente por su programa de desarme? ¿La ciudadanía quiere armas o seguridad? La inseguridad es, desde hace más de 20 años, uno de los temas que más preocupa a la sociedad argentina. En ese mismo lapso, las políticas públicas de control de armas de fuego y desarme tuvieron un inédito desarrollo en nuestro país. La comprensión de que las armas no son una fuente de seguridad, sino un factor que la pone en riesgo aparece, por primera vez, como un eje de discusión en la agenda electoral.

“ Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente ”, dijo en 2022 el entonces diputado Javier Milei, hoy candidato presidencial, que resultó el más votado en las elecciones primarias. Pero este excéntrico outsider, seguidor de Trump y Bolsonaro , no es el único integrante de su partido que se expresó públicamente en ese sentido. Su candidata a vicepresidenta admitió ser usuaria de armas y opinó que la tenencia es un “derecho” para “el ciudadano de bien que se quiera defender”. Si bien la polémica que desataron esas declaraciones llevaron a esos candidatos a relativizar sus dichos , lo cierto es que la plataforma electoral presentada por el candidato al comienzo de su campaña presidencial planteaba, sobre la tenencia de armas de fuego, la “desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
“El que quiera andar armado, que ande armado”

Milei no es el primer político argentino en plantear este debate. 5 años atrás, la entonces Ministra de Seguridad y actual candidata a presidenta por el otro gran frente opositor –Patricia Bullrich- había dicho, en una entrevista informal a la salida de un restaurante, que “el que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Si bien su frase completa añadía que ella y su espacio preferían que la gente no estuviera armada, la polémica no tardó en estallar. Por primera vez se ponía en duda el absoluto consenso político respecto a la necesidad de restringir el acceso a las armas de fuego. Más allá de sus ambivalencias, dos de los tres principales candidatos a ocupar la Presidencia de Argentina tuvieron expresiones favorables a la libre portación. ¿Puede inferirse que la sociedad argentina cambió su mirada sobre las armas? La respuesta no es tan sencilla. Sin embargo, existen señales de que el reclamo de la ciudadanía por seguridad no se traduce en un apoyo a la libre portación. Argentina no es un país armado. Su tasa de 7.4 armas de fuego en manos de civiles cada 100.000 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región . Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió quitar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013 ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo. Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y el desarme prácticamente unánimes. Sin embargo, la última prórroga del plan de desarme, votada en 2021, ya había dado una señal de alerta: si bien el 93% de los diputados votó a favor, por primera vez se registraron votos en contra de la renovación de ese programa, que ya había sido prorrogado en 7 oportunidades anteriormente. Una conclusión inicial de estos datos, a la espera del resultado definitivo de las elecciones presidenciales, es que la sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años. Es cierto que el voto a un candidato a presidente no significa un apoyo a todas sus propuestas; pero probablemente sí indique, aunque sea, una tolerancia a la mayoría de ellas. Si la hipótesis es cierta, es necesario prestarle atención a este síntoma. Si bien Argentina cuenta con una tradición social, institucional y cultural consolidadamente restrictiva de la circulación de las armas de fuego, recientes experiencias en otros países latinoamericanos demuestran la facilidad con la que esos controles pueden socavarse. ¿Qué pasa con las armas en Argentina?

Argentina actualmente tiene alrededor de 1.000.000 de usuarios de armas de fuego legalmente registrados, aunque la mayoría de ellos se encuentra en una situación de ilegalidad por tener su autorización vencida. Además, se estima que, incluyendo las armas de fuego no registradas, el número total de armas podría triplicar o cuadruplicar a las 1.7000.000 que constan en los registros oficiales.

Entre 2011 y 2019, en Argentina murieron en promedio 8 personas por día por la utilización de armas de fuego. Uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina es producido con un arma de fuego. El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos.

Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.

Desde 2015, Argentina cuenta con una Ley modelo a nivel regional, que creó y regula la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que tiene a su cargo no sólo el registro y control del mercado legal de armas, sino también “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada” ( Ley 27.192 ). Entre otras funciones, esa Agencia tiene a su cargo la implementación del mencionado Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La creación de la Agencia fue un enorme avance en la materia, aunque lo cierto es que la ley sigue sin implementarse en su totalidad, ya que el organismo sigue sin contar con los recursos presupuestarios suficientes para implementar todas las acciones que tiene a su cargo.
Los riesgos de la libre portación

Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito (como afirmó el propio Milei), contribuyen al aumento de la violencia, el delito y las muertes . Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas . El caso de EEUU, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo ( 120 armas por cada 100 personas ), es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7.5 veces mayor a la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y femicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países . ​La inseguridad es, sin lugar a duda, un problema central para la sociedad argentina. Aun cuando su tasa de homicidios sea relativamente baja en relación a otros países de América Latina , la encuesta realizada por LAPOP refleja que es uno de los tres países de la región con mayor cantidad de encuestados que reportan haber sido víctimas de la delincuencia en 2021. La delincuencia se ubica dese hace años en el podio de preocupaciones de la ciudadanía argentina. Sin embargo, no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas. Las discusiones sobre cuál debe ser el rol del Estado, principalmente centradas en la política económica, no pueden trasladarse linealmente a las políticas de seguridad. Incluso aquellos sectores con una visión más reduccionista del tamaño estatal han sido históricamente favorables a reconocerle el rol de monopolizar el uso de la fuerza. Por lo tanto, quien asuma el gobierno en diciembre tendrá una doble responsabilidad. Por un lado, desarrollar políticas de seguridad eficaces, que permitan reducir los índices de criminalidad y la percepción de inseguridad. Y, por el otro, garantizar la vigencia y la extensión de las políticas de restricción de las armas de fuego, ante la aparición de voces que buscan relativizar los enormes riesgos de liberar las armas.
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La sociedad no pide armas, pide seguridad. Y los datos demuestran que más armas implica menos seguridad.
​ (*) Julián Alfie es Subdirector Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales ( INECIP ).

La inclusión en el programa de Expertos y Expertas Emergentes del Foro sobre el Comercio de Armas y la publicación de estas publicaciones no indican acuerdo ni respaldo de las opiniones de otros. Las opiniones expresadas representan las vistas de los autor(es) de cada publicación.

El mercado de armas y sus efectos en los derechos humanos

23/8/23. Junto con el CELS, INECIP presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para colaborar en la construcción de estándares jurídicos que guíen el diseño e implementación de regulaciones estatales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego. El Estado de México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interprete las normas interamericanas para establecer las obligaciones de las empresas productoras y comercializadoras de armas de fuego y de los Estados para asegurar el derecho a la vida y a la integridad de las personas con relación a la producción y comercialización de estas armas. Junto con el CELS, INECIP se presentó ante la Corte IDH e hizo un aporte a la Opinión Consultiva sobre “las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”. Concretamente, se comparóti información sobre el mercado de armas de fuego en Argentina y sobre el papel que juegan en la circulación de violencia en nuestro país. Además, se sugirió, entre otras, el desarrollo de políticas públicas orientadas a monitorear y fiscalizar el mercado de armas; acciones tendientes a restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego, medidas específicas de prevención de la violencia de género con armas de fuego e iniciativas para evitar e investigar el mercado ilegal de armas. A través del informe, INECIP busca contribuir con la labor de la Corte en la definición de estándares jurídicos que puedan guiar el diseño e implementación de medidas administrativas, legislativas y judiciales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina el acceso a las armas de fuego por parte de la ciudadanía es una excepción y no un derecho. Esta limitación parte de la comprensión de que la circulación de armas de fuego constituye un factor de riesgo. Por eso, el órgano de regulación estatal ANMaC tiene el objetivo de reducir la circulación de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada (Ley 27192, art.4). En nuestro país hay 1.749.121 de armas de fuego registradas y un 1.088.512 de usuarios registrados. Pero más del 70% de los/as usuarios/as informados por la ANMaC como “legítimos usuarios” tienen en realidad su credencial vencida. En 2022, sólo 248.826 usuarios individuales (incluidos/as quienes forman parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad) tenían su credencial vigente : esto representa apenas un 22% del total de usuarios/as registrados/as. Esta situación implica no sólo un incumplimiento administrativo, sino también un delito penal que raramente se persigue y sanciona. La mayoría de las armas de fuego son fabricadas en un entorno de legalidad, dadas las dificultades prácticas de establecer “fábricas ilegales”. Pero gran parte de estas son “desviadas” al mercado ilegal. Como todo mercado irregular, su cuantificación sólo puede hacerse de modo aproximado. Según estimaciones , en un 3,9% de los hogares argentinos hay armas de fuego, eso implica que puede haber entre tres y cuatro millones de armas de fuego en Argentina. El desvío de armas en manos de las policías es una forma de alimentar el mercado ilegal. El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó el secuestro de 2.190 armas utilizadas por bandas criminales durante los primeros 8 meses del año 2020. Entre 2014 y 2019 fueron sustraídas y/o extraviadas 502 armas cortas y largas a la policía, según el Registro Provincial de Armas (REPAR). Esta información refiere a arsenales policiales que no están asignados a un personal en particular y que se encuentran en depósito o en stock que se filtran a los circuitos ilegales en robos o por situaciones de corrupción. ¿Para qué se usan las armas de fuego en Argentina? Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el año 2022 uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina fue producido con un arma de fuego. El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Estas situaciones se producen en contextos de conflictos interpersonales: peleas entre conocidos, familiares, vecinos, parejas o ex parejas, entre otros. En Santa Fe la situación es aún más grave: las armas de fuego son utilizadas en el 80% de los homicidios. En las ciudades de Rosario y Santa Fe, en el año 2021 se registraron 1.100 personas heridas por armas de fuego y se contaron cerca de 15.000 llamados a la Central de Atención de Emergencias 911 reportando hechos con armas de fuego (hallazgos de arma de fuego, amenazas, personas armadas o disparos de armas de fuego). Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género en sus distintas formas. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego . De acuerdo con este registro , al menos el 6,5% de los femicidios cometidos durante 2022 fueron cometidos por un funcionario de fuerzas de seguridad: en la mitad de los casos se utilizaron armas de fuego y casi todas eran sus armas reglamentarias. Responsabilidades de los Estados y las empresas Las armas de fuego están diseñadas para aumentar la capacidad de daño. Su presencia aumenta las probabilidades de que cualquier conflicto termine con un resultado lesivo o mortal. Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal y la responsabilidad de prevenir la violencia con armas de fuego. Por eso tienen el deber de desarrollar políticas públicas orientadas a restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego y también deben desarrollar acciones orientadas a monitorear y fiscalizar el mercado de armas en cada país. La fabricación y comercialización de armas de fuego, municiones y explosivos en muchos casos están a cargo de empresas privadas nacionales o extranjeras. Estas actividades tienen un impacto directo en el ejercicio efectivo de los derechos a la vida e integridad personal. Las empresas tienen el deber de prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus intervenciones y los Estados tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas obligac

PARA PROMOVER EL DESARME Y DESALENTAR LA CULTURA DE LA VIOLENCIA

Mónica Bouyssede, Directora de la Cátedra Abierta en Educación para la Paz (Facso- UNICEN, Sede Quequén), participó como representante de la Red Argentina para el Desarme, del panel que se conformó el 19-10-22 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Bs As, en ocasión de la presentación de dos proyectos de Ley que buscan promover el Desarme y desalentar la cultura de la violencia. La diputada Maite Alvado y el diputado Matías Molle, son los autores de las dos iniciativas que se presentaron. En el primer caso, se propone desalentar la venta de juegos bélicos y en el segundo, crear un sistema de promotores del Desarme y la cultura de la no violencia. Al respecto, Sandra Vissani, de la Asoc. Piedra Libre, señaló la importancia de las prácticas lúdicas no violentas en la infancia. Y el investigador de la UNQ, Esteban Alzueta, quien también integró el panel, destacó que la intensidad y multiplicidad de violencias que se expresan en la actualidad, están asociadas a una constelación de problemas sociales que requieren soluciones rápidas que la rígida estructura del Estado, es incapaz de resolver. Esto es percibido por los ciudadanos como un distanciamiento y abandono frente a sus necesidades. Por su parte, Bouyssede refirió a la experiencia educativa sobre Desarme y abordaje del Conflicto que desarrolla la Asociación Marcenac desde hace 15 años, en articulación con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Manifestó que las cuestiones culturales violentas y los modelos masculinos hegemónicos, están en la base de los argumentos que sostienen y justifican el uso de las armas de fuego y de la fuerza para resolver los conflictos. En este marco las políticas públicas de promoción del Desarme civil deben orientarse a transformar esa violencia cultural de base. Este cambio requiere del compromiso urgente del Estado, especialmente de la educación, en articulación con la sociedad civil.

PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO

Ley 27690 Nuevo plazo de ejecución. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, creado por la Ley N° 26.216, prorrogado por el Decreto N° 560 del 3 de abril de 2008 y por las Leyes Nros. 26.520, 26.644, 26.792, 26.919, 27.286, 27.415 y 27.529.
Artículo 2°- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 26.216 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 4°: Finalidades. El programa tiene por fines:
1.- La disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil.
2.- La reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego.
3.- La sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.
4.- La promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos.
5.- El control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego.
6.- La incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.
Artículo 3°- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Artículo 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
REGISTRADO BAJO EL N° 27690
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - CECILIA MOREAU - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 03/10/2022 N° 79367/22 v. 03/10/2022
Fecha de publicación 03/10/2022

BASTA DE VIOLENCIA POLITICA 1/9/22

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RNF: DURANTE 2021 SE PRODUJERON 251 VÍCTIMAS LETALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación difundió la actualización del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina correspondiente al 2021, año en el que se registraron 251 víctimas letales de violencia de género, un promedio de 1 femicidio cada 35 horas. De ellas, 231 fueron víctimas directas y, al menos, 20 fueron vinculadas. La franja etaria con mayor cantidad de víctimas directas de femicidios estuvo comprendida entre los 25 y los 44 años, con un total de 116 casos. Entre los 18 y los 24 años se registraron 36 víctimas, y de más de 60 años, 32. La edad promedio de las víctimas directas de femicidio fue de 37,3 años. Asimismo, 182 niñas, niños y adolescentes se encontraban a cargo de las víctimas directas de femicidio. En el 88% de los casos, la víctima conocía al sujeto activo, y en el 39% convivía con él. En el 62% de los casos eran pareja o expareja. Cuatro de las víctimas eran personas con discapacidad, 5 estaban en situación de calle, 6 estaban embarazadas, 7 estaban en situación de prostitución, 12 eran migrantes internacionales y al menos 22 se encontraban desaparecidas o extraviadas antes de confirmarse el femicidio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género, desde el año 2015. Para llevar adelante esta tarea, la OM contó con la colaboración de todas las jurisdicciones del país, quienes desde entonces aportan la información relativa a las causas, las víctimas y los sujetos activos. Esta información sirve como base para la elaboración de políticas públicas. Datos de los hechos El 81% de los femicidios directos se produjeron en un contexto de violencia doméstica. El 75% de las víctimas directas de femicidio fue asesinada en viviendas: 39% en la que compartía con el sujeto activo, 25% en su propia vivienda, 8% en la vivienda del sujeto activo y 3% en otras viviendas. En el 31% de los casos, se usó un arma blanca para cometer el femicidio, en el 25% armas de fuego y en el 24% fuerza física. En algunos casos, se empleó más de un medio. Durante los fines de semana extendidos (de viernes a la noche a lunes a la madrugada), se produjo la mayor cantidad de femicidios. Datos de los sujetos activos de femicidio directo El promedio de edad de los sujetos activos de femicidio directo fue de 40,4 años. Al menos 25 pertenecían a alguna fuerza de seguridad, y 19 de ellos estaban en actividad al momento del hecho. De acuerdo con los datos relevados, al menos el 20% tenía algún tipo de consumo problemático de sustancias, ya sea de manera habitual y/o al momento del hecho. Se destaca el alcohol entre las sustancias consumidas, pero también la cocaína y la marihuana. Y al menos 11 sujetos activos tenían antecedentes psiquiátricos. El 93% de los sujetos activos en las causas de femicidio directo fueron identificados. De ellos, al 31 de diciembre de 2021 el 66% estaba privado de la libertad con causas en trámite o condena; el 19% se había suicidado, mientras que el 1% falleció por otras causas; el 4% se encontraba en libertad; el 3% estaba en otras situaciones o no se contaba con datos al respecto, y el 7% restante permanecía sin identificar a la fecha de corte. Oficina de la Mujer Noticias. Link. https://www.csjn.gov.ar/om/verNoticia.do?idNoticia=5982

Comenzó la Campaña Federal “ANMaC VERANO 2022”

17 de enero, 2022. Este lunes, en la ciudad de Mar del Plata, tuvo lugar el acto que dió comienzo a la Campaña Federal de Verano de la ANMaC con el propósito de difundir, informar, resolver consultas, concientizar y sensibilizar sobre la registración y regularización de Legítimos/as Usuarios/as de armas de fuego, y Desarme Voluntario. Los operativos de la campaña se realizarán en espacios de transporte publico brindado por Trenes Argentinos en el marco de un Convenio de Cooperación firmado por la Directora Ejecutiva de la ANMaC, Natasa Loizou y el Presidente de Trenes Argentinos SA, Martin Marinucci, en la Estación de Ferroautomotores de Mar del Plata. Durante la campaña se llevarán a cabo actividades de concientización y divulgación en diferentes estaciones de trenes y otros espacios públicos a nivel federal, con el objeto de avanzar en la regularización de los/las Legítimos/as Usuarios/as cuya documentación se encuentre vencida, informar sobre los requisitos y gestiones necesarias para tramitar la Credencial de Legítimo/a Usuario/a (C.L.U.) y la tenencia de armas de fuego, concientizando sobre la responsabilidad de la tenencia y uso de armas por la ciudadanía. Asimismo, se informará acerca de la atención de las delegaciones, agencias registrales y oficinas aeroportuarias de la ANMaC a nivel federal y se difundirán las nuevas vías de contacto institucional para la realización de consultas. En cuanto al Desarme Voluntario, la campaña se orientará a informar en torno a los cuidados, riesgos y responsabilidades vinculados al uso y proliferación de armas de fuego y otros materiales controlados. Se busca sensibilizar a la ciudadanía acerca de los riesgos que conlleva el uso y la tenencia de armas de fuego y concientizar sobre la prevención de accidentes y la violencia. Además, se incentiva promover la cultura de resolución pacífica de los conflictos y se dan a conocer las políticas de destrucción de materiales y del control de armas con perspectiva de género. Fuente. https://www.argentina.gob.ar/noticias/comenzo-la-campana-federal-anmac-verano-2022

La destrucción más grande de los últimos 4 años.

20 de diciembre, 2021. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martin Soria, participó del acto institucional en el cual se destruyeron 14.735 armas de fuego provenientes de bajas patrimoniales de la Policía Federal Argentina, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y de la Policía de la Provincia de Santa Fe, mediante un proceso que implica la trituración de las armas y su posterior fundición. El acto se llevó a cabo en la sede del Banco Nacional de Materiales Controlados (BANMaC) y participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Julio Alak; Natasa Loizou, Directora Ejecutiva del Anmac y Carlos Fernández, subdirector; el subsecretario de Política Criminal bonaerense, Lisandro Pellegrini. Acompañaron el acto representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que componen la Red Argentina para el Desarme (RAD). En el BANMaC se realizó la certificación de las armas a ser destruidas, su traslado y destrucción definitiva por la Escribanía General de la Nación. El operativo de seguridad del acto de destrucción fue realizado por la Policía Federal Argentina, y estuvo a cargo del Comisario Inspector Diego Alejandro Maldonado y la Comisaria Maira Fernanda Souza. En tanto, Scrap S.A realizó la trituración y fundición de las mismas. El equipo de verificadores técnicos de la ANMaC confirmó la destrucción total de las 14.735 armas de fuego, bajo la observación de integrantes de la sociedad civil, funcionarios/as de la ANMaC y de la Escribanía General de la Nación. Durante 2021 la ANMaC recibió un total de 19.200 armas de fuego en las instalaciones del BANMaC, de las cuales se procesaron 14.831 y se inutilizaron 3.172. Cabe destacar que la anterior destrucción se realizó en noviembre del 2020, oportunidad en que fueron destruidas 11.652 armas de fuego. El ministro Soria agradeció a las trabajadoras y los trabajadores del BANMaC, al que distinguió como “único en el continente”. En igual sentido destacó el trabajo realizado por Alak en torno al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y por la capacidad de “retirar las armas de las calles”, cuando el actual ministro bonaerense condujo la cartera nacional.
“Cada arma de fuego que logramos sacar de circulación y destruir significa mayor seguridad para nuestro pueblo. Logramos reactivar esta política fundamental, que había estado totalmente paralizada durante la mitad de la gestión anterior: entre 2018 y 2019 no se destruyó ni una sola arma”, indicó el Ministro y agregó: “Esto fue revertido por nuestro gobierno: en 2020 se destruyeron 13.000 armas y ahora estamos destruyendo más de 14.700, la mayor destrucción de armas de los últimos 4 años en nuestro país”. Alak, por su parte, destacó que “la coordinación entre el Estado Nacional y el Provincial permite que las armas de fuego que logramos sacar de circulación en nuestra Provincia de Buenos Aires, sean destruidas rápidamente por el Estado Nacional a través de la ANMaC. Celebro que recuperemos los niveles de destrucción de armas que hicieron que el plan de desarme y destrucción de armas de Argentina sea un modelo reconocido a nivel internacional”. Loizou, en tanto, explicó que se trató de la “destrucción número 28 del organismo. Con estas casi 15 mil armas estamos alcanzando las 413 mil destruidas en los últimos 20 años”; agregó que esta acción “abona a la seguridad pública y permite avanzar en la eliminación del mercado clandestino” y sostuvo que significa, además, “una recuperación de capacidad de las fuerzas de seguridad, porque pueden modernizar su equipamiento”.
“El anterior gobierno desmanteló el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), impulsado en 2007 por Néstor Kirchner, que fue premiado por la ONU en 2013. Al mismo tiempo, paralizaron la regularización de los trámites de los legítimos usuarios, como también las destrucciones de armas. Por lo que este acto es una muestra de la recuperación del lugar de ANMaC en el Estado y de su importancia para la seguridad pública de nuestra sociedad”, finalizó Loizou. De esa manera se reactiva una de las políticas públicas prioritarias del Estado nacional en materia de control de armas de fuego. Con la registración, verificación y destrucción total, las armas son quitadas definitivamente de circulación. Así se evitan posibles desvíos hacia mercados ilícitos y se garantiza su inutilización. Esta política integra la agenda pública de la ANMaC y el ministerio de Justicia y Derechos Humanos y persigue el objetivo de contribuir en la seguridad pública, la conjuración del crimen organizado y el delito, y garantizar espacios de convivencia libres de violencias con uso de armas de fuego, promoviendo la resolución pacífica de los conflictos. Fuente. https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-anmac-destruyo-14735-armas-de-fuego-la-destruccion-mas-grande-de-los-ultimos-4-anos-0