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REGULARIZACION O DESARME.EL PELIGRO DE IGUALAR OPCIONES DISTINTAS.

El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de ley que intenta abordar el problema del circulante de armas en la sociedad argentina, gran parte de ellas poseídas de forma irregular. Para ello brinda dos opciones: regularizar su tenencia, en caso de que las armas no se posean conforme a derecho, o bien entregarlas al Estado para su destrucción, a cambio de un incentivo económico, estableciendo una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF). Entendemos que la opción propuesta es peligrosa, ya que las alternativas ofrecidas no son equivalentes ni tienen los mismos propósitos. En nuestro país las armas de fuego son responsables de entre cinco y seis muertes por día. Es evidente que todas las armas matan, no solo las poseídas en forma irregular, y que las herramientas de política pública para atacar ese excesivo circulante de armas requieren la persecución del mercado ilegal, el secuestro y decomiso de las armas indebidamente poseídas y el fortalecimiento del programa de entrega voluntaria que posibilitó extraer de la sociedad más de 200 mil armas y más de dos millones de municiones. Poner en un pie de igualdad un blanqueo que facilite registrar cualquier tipo y cantidad de armas poseídas ilegalmente y el estímulo a la entrega voluntaria de estos materiales para su destrucción, constituye un error conceptual del proyecto. No podemos dejar de tener presente que los aproximadamente dos millones y medio de armas ilegales que circulan en nuestro país (según estimaciones de la ANMAC), en algún momento fueron legales, pero por descuido, sustracción o la razón que fuera, en algún momento de la extensa vida útil del arma, pasaron a la ilegalidad. Facilitar el registro en condiciones tan amplias, constituye lisa y llanamente un blanqueo ilimitado e irrestricto, que no tendrá efectividad alguna para reducir las negativas consecuencias que las armas generan en nuestra sociedad.  Por el contrario, puede propiciar una falsa alternativa que conspire contra el éxito del programa de entrega voluntaria prorrogado. En un contexto de exasperación social, preocupantes niveles de violencia y delito, la posibilidad de blanquear un arma ilegal puede aparecer como una opción más atractiva que entregarla para su destrucción a cambio de una suma de dinero, mucho más en un clima de época de exaltación de la primacía de las soluciones individuales por encima de las construcciones colectivas y solidarias. Las políticas estatales deben orientarse a la reducción del circulante de armas para prevenir las nefastas consecuencias que la letalidad de estos materiales produce diariamente en nuestro país. Y ello es así, no porque lo postule la Red Argentina para el Desarme (RAD), sino porque tales políticas emanan de la letra de leyes vigentes aprobadas en distintas épocas y con enorme consenso. En efecto, en 2015 se sancionó la ley que crea la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) que asumió las funciones, hasta entonces meramente registrales de armas y de usuarios, que ejercía el Registro Nacional de Armas (RENAR), pero se ampliaron los objetivos de la agencia creada al desarrollo de políticas orientadas a reducir el circulante de armas, impulsar la destrucción de las que fueran entregadas, secuestradas o incautadas y al desarrollo de acciones que propendan a la disminución de la violencia con armas de fuego. Los objetivos que la ley asignó a la ANMAC, implicaron la consolidación y continuidad de una política comenzada casi una década antes, cuando en el año 2006, con enorme consenso de todos los sectores, se sancionó la ley 26.216, que declaró la emergencia en la materia y creó el Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAC), programa que se prorrogó en nueve oportunidades y desde su puesta en marcha permitió que se sacara de circulación y se destruyeran centenares de miles de armas. Este valioso consenso democrático pareciera ponerse en duda con el proyecto del poder ejecutivo, que aparenta reducir el problema de las armas a su situación registral, contradiciendo toda evidencia que demuestra que las armas se usan mayoritariamente para dirimir conflictos interpersonales, disputas intrascendentes, para perpetrar femicidios, como instrumento de funesta “ eficacia” para para consumar suicidios, además de causar muertes o graves lesiones por accidentes por su uso indebido o por caer en manos de menores o personas no preparadas para su manipulación. La mayoría de las muertes por armas de fuego que registra nuestro país no están asociadas a la consumación de otro delito. Es absolutamente marginal su utilización en situaciones de legítima defensa, contradiciendo ese argumento sin base real de que hay que permitir armar a las “personas de bien”, para combatir a la delincuencia. Por cada defensa exitosa de una persona armada frente a un delito, son innumerables los casos en que el arma se utilizó para resolver de forma letal conflictos interpersonales. Este mensaje erróneo que postula el proyecto es lo más grave, pero la formulación del articulado es pasible de muchas otras consideraciones: ●         No limita la regularización a legítimos usuarios con la autorización vencida, permite la regularización a cualquier tenedor ilegal de armas. ●         No prevé la acreditación de ningún tipo de recaudo a quien regularice el arma, sin importar si está en condiciones psicológicas para conservar el arma, si tiene procesos penales pendientes, si ha sido denunciado por violencia de género o familiar, si resulta idóneo para el manejo del material. ●         Permite conservar por 360 días la tenencia de todas las armas que se declaren, sin iniciar el trámite para obtener la condición de legítimo usuario. ●         No establece un límite de cantidad ni tipo de armas a regularizar, ni la forma en que se accedió al material (podría dinamizar el mercado ilegal, brindando cobertura al blanqueo de armas de origen ilícito y aun estimular el ingreso de contrabando de armas al país para regularizar su tenencia). ●         Extiende a las personas jurídicas la regularización de las armas que declaren (aunque no tuvieran necesidad de armas conforme a su objeto social). Por todas estas razones, consideramos que el proyecto genera un mensaje confuso, apartado de las políticas consensuadas de disminución del circulante de armas, a la par que abre la puerta a un blanqueo de peligrosas consecuencias para la ciudadanía.

COMISIÓN COMPLETA: CONJUNTA - 12 de junio de 2024 - Diputados Argentina

COMISIONES: ◽ SEGURIDAD INTERIOR; ◽ LEGISLACIÓN PENAL Mensaje Nro. 26/2024 y proyecto de ley de fecha 14 de mayo de 2024 sobre regulación de armas de fuego y prórroga del Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego –Ley N° 26.216–. Dispóngase un nuevo plazo de ejecución del “Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego” desde 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. Ver citación: https://parlamentaria.hcdn.gob.ar/com ...   𝗦𝗔𝗟𝗔 𝟮° 𝗣𝗶𝘀𝗼 | Edificio 𝗔𝗡𝗘𝗫𝗢 "𝗖" | 𝟭𝟱:𝟬𝟬𝗵𝘀 Honorable Cámara de Diputados de la Nación República Argentina. 00:00  - inicio REUNIÓN CONJUNTA 01:01  - Presidente: SEGURIDAD INTERIOR - Dip. NUÑEZ, José - PRO - SANTA FE 01:58  - Vicepresidente 2: LEGISLACIÓN PENAL - Dip. SORIA, Martín - UxP - RÍO NEGRO 04:55  - Presidente: LEGISLACIÓN PENAL - Dip. RODRIGUEZ MACHADO, Laura - PRO - CÓRDOBA 05:42  - Dip. GIUDICI, Silvana - PRO - CABA 07:08  - Vicepresidente 1: SEGURIDAD INTERIOR: Dip. GLINSKI, José - UxP - CHUBUT 10:58  - Dip. FRADE, Mónica - CC-ARI - BSAS 13:06  - Presidente: LEGISLACIÓN PENAL - Dip. RODRIGUEZ MACHADO, Laura - PRO - CÓRDOBA 14:19  - PANERO, Raúl Oscar - Pte. Federación de Legítimos Usuarios de Armas Argentina 21:27  - Dip. AGOST CARREÑO, Oscar - HCF - CÓRDOBA 22:24  - PANERO, Raúl Oscar - Responde: a Dip. AGOST CARREÑO 25:50  - Vicepresidente 2: LEGISLACIÓN PENAL - Dip. SORIA, Martín - UxP - RÍO NEGRO 26:12  - PANERO, Raúl Oscar - Responde: a Dip. Dip. SORIA 27:00  - ALFIE, Julián - Dir. ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales - INECIP 37:07  - Vicepresidente 2: LEGISLACIÓN PENAL - Dip. SORIA, Martín - UxP - RÍO NEGRO 37:50  - Presidente: LEGISLACIÓN PENAL - Dip. RODRIGUEZ MACHADO, Laura - PRO - CÓRDOBA 38:17  - Se levanta la reunión conjunta ▶ 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗹𝗶𝘀𝘁:    • SEGURIDAD INTERIOR   ▶ 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗹𝗶𝘀𝘁:    • LEGISLACION PENAL   ‪@diputados.argentina‬

Por los incidentes en las afueras del Congreso, se suspendieron cinco comisiones en Diputados

En agenda estaba dos plenarios de las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, una reunión de la Comisión de Familias Niñez y Juventudes, una de Población y Desarrollo Humano y el encuentro de Peticiones, Poderes y Reglamento.
Mientras en el Senado de la Nación se desarrollaba la Sesión Especial por la ley Bases, del otro lado del Salón de Pasos Perdidos en Diputados estaba en agenda diez reuniones de comisión a desarrollarse a lo largo de este miércoles, pero solo se llevaron a cabo la mitad, debido a que las demás fueron suspendidas por los incidentes en las afueras del Congreso de la Nación. Los incidentes en los alrededores del Parlamento se iniciaron cerca de las 12.30 del mediodía, momento en el que se desarrollaba la reunión de la Comisión de Mercosur y la de Vivienda y Ordenamiento Urbano en Diputados. Luego, a las 14 se reunió la de Derechos Humanos y Garantías. A medida que se acrecentaba la violencia puertas afuera, incluso diputados del bloque Unión por la Patria resultaron heridos y reprimidos con gas pimienta que luego debieron ser derivados al Hospital Santa Lucía, a las 15 se inició el plenario de Seguridad Interior y Legislación Penal al alcanzaron a emitir dictamen de mayoría y uno de minoría de UP sobre regulación de armas de fuego y prórroga del Programa nacional de entrega voluntaria de armas de fuego –Ley N° 26.216–. por el plazo desde 1° de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025. También alcanzaron a exponer dos invitados, Raúl Oscar Panero, presidente de Asociación de Legítimos Usuarios de la provincia de Córdoba y presidente de la Federación de Legítimos Usuarios de Armas Argentina; y en medio de la exposición de Julián Alfie , Director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) e integrante de la Red Argentina para el Desarme; la reunión se suspendió. Pasó lo mismo con las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes; un plenario de Legislación Penal y Seguridad Interior que iba a debatir sobre el secuestro de armas de fuego; la de Población y Desarrollo Humano a la que estaban invitados Marcos Lavagna, director de INDEC; Manuel Vera , director de CIPPEC; Mariano Fagalde, de RENAPER. La última reunión del día correspondía a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento que iba a debatir por la modificación de los artículos 65 y 116 sobre la competencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. https://www.parlamentario.com/2024/06/13/por-los-incidentes-en-las-afueras-del-congreso-se-suspendieron-cinco-comisiones-en-diputados/

Regularización de armas de fuego: un proyecto peligroso

La Red Argentina para el Desarme envió en el día de hoy una nota a la Cámara de Diputados de la Nación, expresando sus observaciones al proyecto de ley de “ Regularización de armas de fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego ”, presentado por el Poder Ejecutivo Nacional y que comenzará a ser tratado en un plenario de comisiones este miércoles 5 de junio . La Red Argentina para el Desarme agrupa desde hace 20 años a diversas organizaciones de la sociedad civil especializadas en la temática de las armas de fuego y en prevención y control de la violencia con uso de armas.   Sobre el proyecto: ·       El proyecto incorpora un procedimiento de regularización para quienes tengan armas de fuego en forma ilegal, quienes tendrán 360 días (prorrogables por igual plazo) para presentarse ante la ANMaC y solicitar una autorización. Mientras dure el trámite, conservarían el arma de fuego en su poder . Quienes se acojan al plan, ya sean personas humanas o empresas, no podrán ser perseguidas penalmente por la tenencia ilegal previa . ·       En paralelo, propone la prórroga por 4 años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF), una decisión correcta y necesaria , que debiera ser aprobada -en forma urgente e inmediata- en un texto autónomo , ya que es la extensión de un plan ya existente.   Los riesgos de la supuesta “opción” entre la regularización y la destrucción: ·       Desde hace años denunciamos la falta de control del Estado, que se traduce en una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal. Sin embargo, la “regularización”, lejos de ser una solución, puede profundizar el problema, si no se realiza como último recurso en el marco de un plan integral de reducción del circulante de armas de fuego y de control efectivo sobre las que permanezcan en circulación. ·       La “opción” entre la tenencia legal del arma o la entrega voluntaria para destrucción es falaz y peligrosa. Según su ley orgánica, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) tiene dentro de sus objetivos “ reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada”. Esta decisión responde a un consenso sobre el riesgo que implican las armas de fuego, sean o no legales. Las armas legales también matan. Las armas de fuego no se usan sólo en contextos de inseguridad. 3 de cada 4 homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Alrededor del 50% de los homicidios dolosos con armas de fuego son cometidos en conflictos interpersonales: peleas entre vecinos, familiares, o femicidios. Menos de 1 de cada 10 de esas muertes son en contextos de defensa. Y más de la mitad de las muertes con armas de fuego no son por una agresión, sino por suicidios, accidentes u otros tipos de intención. Además, los países que facilitan el acceso legal a armas de fuego tienen mayores niveles de violencia y delito. En Estados Unidos, la tasa de homicidios por armas de fuego es 18 veces mayor a la de otros países desarrollados. Múltiples estudios muestran que el fácil acceso a armas de fuego contribuye a aumentar las tasas de homicidios. Problemas específicos de la regularización prevista por el proyecto: 1.     Equipara la regularización y la entrega del arma, en vez de establecer que quienes soliciten la regularización sean obligatoriamente informados sobre la posibilidad del desarme. 2.     Puede llevar al colapso del sistema y una legalización masiva “de hecho” de solicitudes que nunca lleguen a ser revisadas. La falta de límites y restricciones hace que millones de armas puedan ser objeto de regularización, sin que la ANMaC cuente con capacidad de procesar esas solicitudes . La ley incluso habilitaría a empresas de seguridad o armerías. 3.     No se solicita información sobre el origen del arma, perdiendo la oportunidad de generar información criminal sorbe el mercado ilegal de armas de fuego. 4.     En caso de rechazo, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, en vez de establecer la destrucción del arma. 5.     El plazo es innecesariamente extenso: Los 2 años que prevé el proyecto para que las personas puedan solicitar la regularización facilita la generación de un mercado ilegal, que permita que fabricantes o comerciantes vendan armas de fuego en forma irregular, a sabiendas de que el comprador podrá legalizarla a través de la regularización. 6.     No se establecen medidas para prevenir las violencias de género con armas de fuego: Pese a que 1 de cada 4 femicidios son cometidos con armas de fuego, el proyecto desaprovecha la oportunidad de establecer medidas para la prevención de esas violencias. La ANMaC suspendió recientemente una de esas medidas, y los controles vigentes no son capaces de restringir el acceso a personas sospechadas de haber ejercido violencia de género. 7.     No se fortalece la política criminal y de persecución penal del mercado ilegal de armas: El Congreso podría crear una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM), potenciando las capacidades de la actual Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación para llevar adelante una política de persecución penal del mercado ilegal de armas.   Por todo lo expuesto, la Red Argentina para el Desarme solicitó a Diputados y Diputadas de la Nación que: 1.     Den tratamiento en forma autónoma e inmediata a los proyectos de prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF). 2.     Convoquen a la sociedad civil especializada en la materia a participar de una reunión informativa. 3.     Tengan en consideración los problemas del procedimiento de regularización previsto en el proyecto bajo tratamiento.

Controlar las armas de fuego para salvar vidas.

Nov 1, 2023. Julian Alfie. Subdirector Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Por primera vez en la historia argentina, la libre portación de armas de fuego ha sido tema de debate en una campaña electoral presidencial. ¿Por qué sucede esto en uno de los países con menor tasa de homicidios de América Latina y premiado internacionalmente por su programa de desarme? ¿La ciudadanía quiere armas o seguridad? La inseguridad es, desde hace más de 20 años, uno de los temas que más preocupa a la sociedad argentina. En ese mismo lapso, las políticas públicas de control de armas de fuego y desarme tuvieron un inédito desarrollo en nuestro país. La comprensión de que las armas no son una fuente de seguridad, sino un factor que la pone en riesgo aparece, por primera vez, como un eje de discusión en la agenda electoral. “ Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente ”, dijo en 2022 el entonces diputado Javier Milei, hoy candidato presidencial, quien resultara segundo en las elecciones generales. Pero este excéntrico outsider, seguidor de Trump y Bolsonaro, no es el único integrante de su partido que se expresó públicamente en ese sentido. Su candidata a vicepresidenta admitió ser usuaria de armas y opinó que la tenencia es un “derecho” para “el ciudadano de bien que se quiera defender”. Si bien la polémica que desataron estas declaraciones llevaron a esos candidatos a relativizar sus dichos, lo cierto es que la plataforma electoral presentada por el candidato al comienzo de su campaña presidencial plantea, sobre la tenencia de armas de fuego, la “desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. EL QUE QUIERA ANDAR ARMADO, QUE ANDE ARMADO Milei no es el primer político argentino en plantear este debate. 5 años atrás, la entonces Ministra de Seguridad Patricia Bullrich había dicho en una entrevista informal a la salida de un restaurante, que “el que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Si bien su frase completa añadía que ella y su espacio preferían que la gente no estuviera armada, la polémica no tardó en estallar. Por primera vez se ponía en duda el absoluto consenso político respecto a la necesidad de restringir el acceso a las armas de fuego. Más allá de sus ambivalencias, ambos tuvieron expresiones favorables a la libre portación ¿Puede inferirse que la sociedad argentina cambió su mirada sobre las armas? La respuesta no es tan sencilla. Sin embargo, existen señales de que el reclamo de la ciudadanía por seguridad no se traduce en un apoyo a la libre portación. «La sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años.» Argentina no es un país armado. Su tasa de 7.4 armas de fuego en manos de civiles cada 100 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región. Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió quitar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013 ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo. Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y el desarme prácticamente unánimes. Sin embargo, la última prórroga del plan de desarme, votada en 2021, ya había dado una señal de alerta: si bien el 93% de los diputados votó a favor, por primera vez se registraron votos en contra de la renovación de ese programa, que ya había sido prorrogado en 7 oportunidades anteriormente. Una conclusión inicial de estos datos, a la espera del resultado definitivo de las elecciones presidenciales, es que la sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años. Es cierto que el voto a un candidato a presidente no significa un apoyo a todas sus propuestas; pero probablemente sí indique, aunque sea, una tolerancia a la mayoría de ellas. Si la hipótesis es cierta, es necesario prestarle atención a este síntoma. Si bien Argentina cuenta con una tradición social, institucional y cultural consolidadamente restrictiva de la circulación de las armas de fuego, recientes experiencias en otros países latinoamericanos demuestran la facilidad con la que esos controles pueden socavarse. LAS ARMAS EN ARGENTINA Argentina actualmente tiene alrededor de 1.000.000 de usuarios de armas de fuego legalmente registrados, aunque la mayoría de ellos se encuentra en una situación de ilegalidad por tener su autorización vencida. Además, se estima que, incluyendo las armas de fuego no registradas, el número total de armas podría triplicar o cuadruplicar a las 1.7000.000 que constan en los registros oficiales. «Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.» Entre 2011 y 2019, en Argentina murieron en promedio 8 personas por día por la utilización de armas de fuego. Uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina es producido con un arma de fuego. El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego. Desde 2015, Argentina cuenta con una Ley modelo a nivel regional, que creó y regula la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que tiene a su cargo no sólo el registro y control del mercado legal de armas, sino también “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada” (Ley 27.192). Entre otras funciones, esa Agencia tiene a su cargo la implementación del mencionado Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La creación de la Agencia fue un enorme avance en la materia, aunque lo cierto es que la ley sigue sin implementarse en su totalidad, ya que el organismo sigue sin contar con los recursos presupuestarios suficientes para implementar todas las acciones que tiene a su cargo. LOS RIESGOS DE LA LIBRE PORTACIÓN Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito (como afirmó el propio Milei), contribuyen al aumento de la violencia, el delito y las muertes. Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas. El caso de EEUU, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo (120 armas por cada 100 personas), es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7.5 veces mayor a la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y femicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países. «no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas.» ​La inseguridad es, sin lugar a duda, un problema central para la sociedad argentina. Aun cuando su tasa de homicidios sea relativamente baja en relación a otros países de América Latina, la encuesta realizada por LAPOP refleja que es uno de los tres países de la región con mayor cantidad de encuestados que reportan haber sido víctimas de la delincuencia en 2021. La delincuencia se ubica dese hace años en el podio de preocupaciones de la ciudadanía argentina. Sin embargo, no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas. Las discusiones sobre cuál debe ser el rol del Estado, principalmente centradas en la política económica, no pueden trasladarse linealmente a las políticas de seguridad. Incluso aquellos sectores con una visión más reduccionista del tamaño estatal han sido históricamente favorables a reconocerle el rol de monopolizar el uso de la fuerza. Por lo tanto, quien asuma el gobierno en diciembre tendrá una doble responsabilidad. Por un lado, desarrollar políticas de seguridad eficaces, que permitan reducir los índices de criminalidad y la percepción de inseguridad. Y, por el otro, garantizar la vigencia y la extensión de las políticas de restricción de las armas de fuego, ante la aparición de voces que buscan relativizar los enormes riesgos de liberar las armas.
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La sociedad no pide armas, pide seguridad. Y los datos demuestran que más armas implica menos seguridad. Fuente La VANGUARDIA. https://lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2023/11/01/armas-o-seguridad/

GUSTAVO COLÁS: “ES PREOCUPANTE QUE LA FUERZA DE MILEI QUIERA LIBERAR EL ACCESO A LAS ARMAS

El integrante de la Red Argentina para el Desarme señaló que durante 15 años, hubo un enorme consenso de las fuerzas políticas en este tema. En contacto con TER por Radio Provincia, Gustavo Colás, integrante de la Red Argentina para el Desarme explicó que ante el avance de la derecha y las declaraciones de Javier Milei al respecto, aseguró que “la incorporación al debate público de la discusión de la libre portación de armas, es enormemente preocupante, porque se rompen las políticas de Estado. Ahora aparece esta fuerza de liberar el acceso a las armas para que la gente autogestione su seguridad”. Y en este punto añadió que “desde el 2006 con Néstor Kirchner se sacó al RENAR, de la esfera del ministerio de Defensa en relación al control de las armas y pasan a la seguridad pública”. El abogado con experiencia en legislación y políticas de control de Armas y programas de desarme señaló que desde entonces, se estableció “el programa voluntario de entrega de armas de armas de fuego. Durante 15 años había un enorme consenso de las fuerzas políticas”. El entrevistado afirmó que a pesar que “la sociedad argentina tiene una inmensa preocupación por la seguridad. Hay encuestas recientes que dicen que el 77% de la población rechaza la libre portación de armas". Y agregó que “EE.UU es el único país desarrollado que tiene 50 mil muertes por armas por año, similar al de países latinoamericanos”. Escucha la entrevista completa en: https://provinciaradio.com.ar/noticia.php?noti_id=12903

“Desarme Voluntario en Argentina. 15 años de avances y desafíos”

En el Campus Universitario de Tandil se llevará adelante la presentación del libro “Desarme Voluntario en Argentina. 15 años de avances y desafíos”, primera producción institucional, jurídica y académica sobre la política de Desarme Voluntario en nuestro país. La presentación será el miércoles 1 de noviembre a las 10 en el Auditorium de la Biblioteca Central del Campus Universitario de la UNICEN, Paraje Arroyo Seco, Tandil. La obra fue producida en el año 2022 por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ-Infojus) y se presenta por primera vez en una universidad argentina. La violencia es siempre un problema social; más aún cuando hay presencia de armas de fuego y las estrategias de resolución de conflictos son predominantemente violentas. Es una cuestión de Estado y también cultural. El aporte de las Universidades y los organismos públicos de ciencia y tecnología es indispensable para el abordaje de este problema.

Ecos del debate: «Los problemas de inseguridad no se resuelven con más armas de fuego en las calles»

El subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Julián Alfie, analiza el cruce entre candidatos. Celebra que haya existido un fuerte rechazo a la libre portación de armas, pero advierte que los discursos 'pro-armas' no son aislados. Bullrich insiste con bajar la edad de imputabilidad y chicaneó a Milei. Qué dicen los números. Uno de los ejes que generó más contrapuntos en el debate presidencial de este domingo fue el de Seguridad, que tuvo mayor protagonismo de discursos punitivistas, mano dura y las advertencias por el peligro que encierra la desregulación del uso y la portación de armas. ¿Pero cuál es la realidad de estos temas? La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, adelantó que de convertirse en presidenta bajaría la edad de imputabilidad y chicaneó al liberal Javier Milei, al asegurar que éste propone la libre portación de armas. Cuando Bullrich azuzó a Milei sobre su postura de “liberar las armas” para uso civil, el referente ultraliberal le respondió que había una Ley de Armas y que su planteo era limitarse a “cumplirla”. “Milei, mirá tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cambiala. Pero si cambias la plataforma, es porque no estabas convencido”, contestó Bullrich envalentonada. De hecho, la plataforma de Milei es clara: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”. Lo cierto es que en otros momentos, sobre todo cuando era ministra de Seguridad, Bullrich se mostró a favor de que las víctimas de un delito se defiendan a los tiros, aún cuando todo ocurriera en medio de una situación confusa. Al respecto, Tiempo dialogó con Julián Alfie, subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) quien analizó: “Celebramos que en el debate de ayer haya existido un fuerte rechazo a la libre portación de armas, incluso por parte de sectores que se habían mostrado ambivalentes o incluso explícitamente a favor de esa libre circulación”. “Es posible que todos los sectores políticos hayan tomado nota del fuerte rechazo que la sociedad argentina tiene respecto a la circulación de armas en la sociedad civil. De todos modos, hay que ser conscientes de que estos discursos ‘pro-armas’ no son aislados, sino que vienen en auge a nivel regional e internacional”, señaló Alfie. El especialista, entonces, advirtió: “La ciudadanía debe estar alerta para evitar que, bajo discursos un poco más sutiles, se terminen eliminando los controles hoy existentes. Más armas significa más muertos y más violencia. Los problemas de inseguridad no se resuelven con más armas de fuego en las calles, sino con un mayor control para que ninguna arma sea usada ni en ocasión de robos, ni tampoco en el hogar, en las escuelas o en cualquier pelea entre vecinos. No se trata de ciudadanos buenos o ciudadanos malos, sino de un instrumento que aumenta los riesgos de que se produzca una muerte, lo posea quien lo posea”. Nota completa en https://www.tiempoar.com.ar/politica/julian-alfie-celebramos-que-en-el-debate-haya-existido-un-fuerte-rechazo-a-la-libre-portacion-de-armas/

Libre portación de armas: una peligrosa novedad en la campaña presidencial de Argentina

Voces de Expertos y Expertas Emergentes. Esta publicación forma parte de una serie especial de contribuciones al blog "Mirando hacia el Futuro" realizadas por miembros de los programas de Expertos y Expertas Emergentes del Foro. https://www.forumarmstrade.org/blog/libre-portacion-de-armas-una-peligrosa-novedad-en-la-campana-presidencial-de-argentina Por Julian Alfie (*) Por primera vez en la historia argentina, la libre portación de armas de fuego ha sido tema de debate en una campaña electoral presidencial. ¿Por qué sucede esto en uno de los países con menor tasa de homicidios de América Latina y premiado internacionalmente por su programa de desarme? ¿La ciudadanía quiere armas o seguridad? La inseguridad es, desde hace más de 20 años, uno de los temas que más preocupa a la sociedad argentina. En ese mismo lapso, las políticas públicas de control de armas de fuego y desarme tuvieron un inédito desarrollo en nuestro país. La comprensión de que las armas no son una fuente de seguridad, sino un factor que la pone en riesgo aparece, por primera vez, como un eje de discusión en la agenda electoral.

“ Estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente ”, dijo en 2022 el entonces diputado Javier Milei, hoy candidato presidencial, que resultó el más votado en las elecciones primarias. Pero este excéntrico outsider, seguidor de Trump y Bolsonaro , no es el único integrante de su partido que se expresó públicamente en ese sentido. Su candidata a vicepresidenta admitió ser usuaria de armas y opinó que la tenencia es un “derecho” para “el ciudadano de bien que se quiera defender”. Si bien la polémica que desataron esas declaraciones llevaron a esos candidatos a relativizar sus dichos , lo cierto es que la plataforma electoral presentada por el candidato al comienzo de su campaña presidencial planteaba, sobre la tenencia de armas de fuego, la “desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
“El que quiera andar armado, que ande armado”

Milei no es el primer político argentino en plantear este debate. 5 años atrás, la entonces Ministra de Seguridad y actual candidata a presidenta por el otro gran frente opositor –Patricia Bullrich- había dicho, en una entrevista informal a la salida de un restaurante, que “el que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Si bien su frase completa añadía que ella y su espacio preferían que la gente no estuviera armada, la polémica no tardó en estallar. Por primera vez se ponía en duda el absoluto consenso político respecto a la necesidad de restringir el acceso a las armas de fuego. Más allá de sus ambivalencias, dos de los tres principales candidatos a ocupar la Presidencia de Argentina tuvieron expresiones favorables a la libre portación. ¿Puede inferirse que la sociedad argentina cambió su mirada sobre las armas? La respuesta no es tan sencilla. Sin embargo, existen señales de que el reclamo de la ciudadanía por seguridad no se traduce en un apoyo a la libre portación. Argentina no es un país armado. Su tasa de 7.4 armas de fuego en manos de civiles cada 100.000 habitantes se encuentra, según Small Arms Survey, por debajo de la mayoría de los países de la región . Una reciente encuesta realizada en mayo de 2023 a nivel nacional reflejó que el 77% de las personas encuestadas se mostró en contra de “la libre portación de armas de fuego”. La participación de la sociedad en el plan de desarme permitió quitar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022. Por los resultados alcanzados durante sus primeros años, en 2013 ese programa fue premiado a nivel internacional como una política modelo. Las leyes sobre restricción de armas de fuego aprobadas en el Congreso de la Nación en los últimos años también reflejan ese consenso, con votaciones afirmativas al control de armas y el desarme prácticamente unánimes. Sin embargo, la última prórroga del plan de desarme, votada en 2021, ya había dado una señal de alerta: si bien el 93% de los diputados votó a favor, por primera vez se registraron votos en contra de la renovación de ese programa, que ya había sido prorrogado en 7 oportunidades anteriormente. Una conclusión inicial de estos datos, a la espera del resultado definitivo de las elecciones presidenciales, es que la sociedad argentina sigue siendo mayoritariamente contraria a las armas de fuego. Pero también es posible inferir que, al igual que en otros países, el umbral de rechazo a los discursos armamentistas puede haber disminuido, aunque sea relativamente, en los últimos años. Es cierto que el voto a un candidato a presidente no significa un apoyo a todas sus propuestas; pero probablemente sí indique, aunque sea, una tolerancia a la mayoría de ellas. Si la hipótesis es cierta, es necesario prestarle atención a este síntoma. Si bien Argentina cuenta con una tradición social, institucional y cultural consolidadamente restrictiva de la circulación de las armas de fuego, recientes experiencias en otros países latinoamericanos demuestran la facilidad con la que esos controles pueden socavarse. ¿Qué pasa con las armas en Argentina?

Argentina actualmente tiene alrededor de 1.000.000 de usuarios de armas de fuego legalmente registrados, aunque la mayoría de ellos se encuentra en una situación de ilegalidad por tener su autorización vencida. Además, se estima que, incluyendo las armas de fuego no registradas, el número total de armas podría triplicar o cuadruplicar a las 1.7000.000 que constan en los registros oficiales.

Entre 2011 y 2019, en Argentina murieron en promedio 8 personas por día por la utilización de armas de fuego. Uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina es producido con un arma de fuego. El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos.

Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego.

Desde 2015, Argentina cuenta con una Ley modelo a nivel regional, que creó y regula la Agencia Nacional de Materiales Controlados, que tiene a su cargo no sólo el registro y control del mercado legal de armas, sino también “el desarrollo de políticas tendientes a reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada” ( Ley 27.192 ). Entre otras funciones, esa Agencia tiene a su cargo la implementación del mencionado Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. La creación de la Agencia fue un enorme avance en la materia, aunque lo cierto es que la ley sigue sin implementarse en su totalidad, ya que el organismo sigue sin contar con los recursos presupuestarios suficientes para implementar todas las acciones que tiene a su cargo.
Los riesgos de la libre portación

Diversos estudios confirman que la mayor presencia de armas de fuego en una sociedad, lejos de disminuir el delito (como afirmó el propio Milei), contribuyen al aumento de la violencia, el delito y las muertes . Y, a la inversa, las políticas de control se relacionan con una reducción de esos problemas . El caso de EEUU, el país con más armas de fuego en manos de civiles del mundo ( 120 armas por cada 100 personas ), es paradigmático. Su tasa de homicidios fue 7.5 veces mayor a la tasa de otros países de altos ingresos, lo cual suele atribuirse a su tasa de homicidios con armas de fuego, que es casi 25 veces mayor. Desde matanzas masivas, algunas de ellas en escuelas, hasta un mayor número de suicidios y femicidios, los efectos de la libre circulación de armas de fuego han sido ampliamente verificados en otros países . ​La inseguridad es, sin lugar a duda, un problema central para la sociedad argentina. Aun cuando su tasa de homicidios sea relativamente baja en relación a otros países de América Latina , la encuesta realizada por LAPOP refleja que es uno de los tres países de la región con mayor cantidad de encuestados que reportan haber sido víctimas de la delincuencia en 2021. La delincuencia se ubica dese hace años en el podio de preocupaciones de la ciudadanía argentina. Sin embargo, no existen indicios serios de que el reclamo por más seguridad signifique que la ciudadanía quiera portar armas. Las discusiones sobre cuál debe ser el rol del Estado, principalmente centradas en la política económica, no pueden trasladarse linealmente a las políticas de seguridad. Incluso aquellos sectores con una visión más reduccionista del tamaño estatal han sido históricamente favorables a reconocerle el rol de monopolizar el uso de la fuerza. Por lo tanto, quien asuma el gobierno en diciembre tendrá una doble responsabilidad. Por un lado, desarrollar políticas de seguridad eficaces, que permitan reducir los índices de criminalidad y la percepción de inseguridad. Y, por el otro, garantizar la vigencia y la extensión de las políticas de restricción de las armas de fuego, ante la aparición de voces que buscan relativizar los enormes riesgos de liberar las armas.
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La sociedad no pide armas, pide seguridad. Y los datos demuestran que más armas implica menos seguridad.
​ (*) Julián Alfie es Subdirector Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales ( INECIP ).

La inclusión en el programa de Expertos y Expertas Emergentes del Foro sobre el Comercio de Armas y la publicación de estas publicaciones no indican acuerdo ni respaldo de las opiniones de otros. Las opiniones expresadas representan las vistas de los autor(es) de cada publicación.

El mercado de armas y sus efectos en los derechos humanos

23/8/23. Junto con el CELS, INECIP presentó un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para colaborar en la construcción de estándares jurídicos que guíen el diseño e implementación de regulaciones estatales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego. El Estado de México solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que interprete las normas interamericanas para establecer las obligaciones de las empresas productoras y comercializadoras de armas de fuego y de los Estados para asegurar el derecho a la vida y a la integridad de las personas con relación a la producción y comercialización de estas armas. Junto con el CELS, INECIP se presentó ante la Corte IDH e hizo un aporte a la Opinión Consultiva sobre “las actividades de las empresas privadas de armas y sus efectos en los derechos humanos”. Concretamente, se comparóti información sobre el mercado de armas de fuego en Argentina y sobre el papel que juegan en la circulación de violencia en nuestro país. Además, se sugirió, entre otras, el desarrollo de políticas públicas orientadas a monitorear y fiscalizar el mercado de armas; acciones tendientes a restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego, medidas específicas de prevención de la violencia de género con armas de fuego e iniciativas para evitar e investigar el mercado ilegal de armas. A través del informe, INECIP busca contribuir con la labor de la Corte en la definición de estándares jurídicos que puedan guiar el diseño e implementación de medidas administrativas, legislativas y judiciales para proteger los derechos humanos en cuanto a la producción y comercialización de armas de fuego. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina el acceso a las armas de fuego por parte de la ciudadanía es una excepción y no un derecho. Esta limitación parte de la comprensión de que la circulación de armas de fuego constituye un factor de riesgo. Por eso, el órgano de regulación estatal ANMaC tiene el objetivo de reducir la circulación de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada (Ley 27192, art.4). En nuestro país hay 1.749.121 de armas de fuego registradas y un 1.088.512 de usuarios registrados. Pero más del 70% de los/as usuarios/as informados por la ANMaC como “legítimos usuarios” tienen en realidad su credencial vencida. En 2022, sólo 248.826 usuarios individuales (incluidos/as quienes forman parte de las Fuerzas Armadas o de Seguridad) tenían su credencial vigente : esto representa apenas un 22% del total de usuarios/as registrados/as. Esta situación implica no sólo un incumplimiento administrativo, sino también un delito penal que raramente se persigue y sanciona. La mayoría de las armas de fuego son fabricadas en un entorno de legalidad, dadas las dificultades prácticas de establecer “fábricas ilegales”. Pero gran parte de estas son “desviadas” al mercado ilegal. Como todo mercado irregular, su cuantificación sólo puede hacerse de modo aproximado. Según estimaciones , en un 3,9% de los hogares argentinos hay armas de fuego, eso implica que puede haber entre tres y cuatro millones de armas de fuego en Argentina. El desvío de armas en manos de las policías es una forma de alimentar el mercado ilegal. El Gobierno de la provincia de Santa Fe informó el secuestro de 2.190 armas utilizadas por bandas criminales durante los primeros 8 meses del año 2020. Entre 2014 y 2019 fueron sustraídas y/o extraviadas 502 armas cortas y largas a la policía, según el Registro Provincial de Armas (REPAR). Esta información refiere a arsenales policiales que no están asignados a un personal en particular y que se encuentran en depósito o en stock que se filtran a los circuitos ilegales en robos o por situaciones de corrupción. ¿Para qué se usan las armas de fuego en Argentina? Según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en el año 2022 uno de cada dos homicidios dolosos en Argentina fue producido con un arma de fuego. El 76% de los homicidios dolosos producidos en Argentina en 2021 se registraron sin concurrencia de otros delitos. Estas situaciones se producen en contextos de conflictos interpersonales: peleas entre conocidos, familiares, vecinos, parejas o ex parejas, entre otros. En Santa Fe la situación es aún más grave: las armas de fuego son utilizadas en el 80% de los homicidios. En las ciudades de Rosario y Santa Fe, en el año 2021 se registraron 1.100 personas heridas por armas de fuego y se contaron cerca de 15.000 llamados a la Central de Atención de Emergencias 911 reportando hechos con armas de fuego (hallazgos de arma de fuego, amenazas, personas armadas o disparos de armas de fuego). Las armas de fuego también son utilizadas para el ejercicio de violencias por motivos de género en sus distintas formas. En general, las mujeres y disidencias sexogenéricas no poseen armas de fuego (ya que el 97% de los usuarios registrados son varones), pero sí sufren desproporcionadamente sus consecuencias: 1 de cada 4 femicidios es cometido con armas de fuego . De acuerdo con este registro , al menos el 6,5% de los femicidios cometidos durante 2022 fueron cometidos por un funcionario de fuerzas de seguridad: en la mitad de los casos se utilizaron armas de fuego y casi todas eran sus armas reglamentarias. Responsabilidades de los Estados y las empresas Las armas de fuego están diseñadas para aumentar la capacidad de daño. Su presencia aumenta las probabilidades de que cualquier conflicto termine con un resultado lesivo o mortal. Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos a la vida e integridad personal y la responsabilidad de prevenir la violencia con armas de fuego. Por eso tienen el deber de desarrollar políticas públicas orientadas a restringir y controlar el acceso y uso de armas de fuego y también deben desarrollar acciones orientadas a monitorear y fiscalizar el mercado de armas en cada país. La fabricación y comercialización de armas de fuego, municiones y explosivos en muchos casos están a cargo de empresas privadas nacionales o extranjeras. Estas actividades tienen un impacto directo en el ejercicio efectivo de los derechos a la vida e integridad personal. Las empresas tienen el deber de prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con sus intervenciones y los Estados tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas obligac

PARA PROMOVER EL DESARME Y DESALENTAR LA CULTURA DE LA VIOLENCIA

Mónica Bouyssede, Directora de la Cátedra Abierta en Educación para la Paz (Facso- UNICEN, Sede Quequén), participó como representante de la Red Argentina para el Desarme, del panel que se conformó el 19-10-22 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Bs As, en ocasión de la presentación de dos proyectos de Ley que buscan promover el Desarme y desalentar la cultura de la violencia. La diputada Maite Alvado y el diputado Matías Molle, son los autores de las dos iniciativas que se presentaron. En el primer caso, se propone desalentar la venta de juegos bélicos y en el segundo, crear un sistema de promotores del Desarme y la cultura de la no violencia. Al respecto, Sandra Vissani, de la Asoc. Piedra Libre, señaló la importancia de las prácticas lúdicas no violentas en la infancia. Y el investigador de la UNQ, Esteban Alzueta, quien también integró el panel, destacó que la intensidad y multiplicidad de violencias que se expresan en la actualidad, están asociadas a una constelación de problemas sociales que requieren soluciones rápidas que la rígida estructura del Estado, es incapaz de resolver. Esto es percibido por los ciudadanos como un distanciamiento y abandono frente a sus necesidades. Por su parte, Bouyssede refirió a la experiencia educativa sobre Desarme y abordaje del Conflicto que desarrolla la Asociación Marcenac desde hace 15 años, en articulación con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Manifestó que las cuestiones culturales violentas y los modelos masculinos hegemónicos, están en la base de los argumentos que sostienen y justifican el uso de las armas de fuego y de la fuerza para resolver los conflictos. En este marco las políticas públicas de promoción del Desarme civil deben orientarse a transformar esa violencia cultural de base. Este cambio requiere del compromiso urgente del Estado, especialmente de la educación, en articulación con la sociedad civil.

PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO

Ley 27690 Nuevo plazo de ejecución. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°- Dispónese un nuevo plazo de ejecución, a partir del 1° de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023, del PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO, creado por la Ley N° 26.216, prorrogado por el Decreto N° 560 del 3 de abril de 2008 y por las Leyes Nros. 26.520, 26.644, 26.792, 26.919, 27.286, 27.415 y 27.529.
Artículo 2°- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 26.216 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 4°: Finalidades. El programa tiene por fines:
1.- La disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil.
2.- La reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego.
3.- La sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego.
4.- La promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos.
5.- El control y reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego.
6.- La incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.
Artículo 3°- La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
Artículo 4°- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
REGISTRADO BAJO EL N° 27690
CLAUDIA LEDESMA ABDALA DE ZAMORA - CECILIA MOREAU - Marcelo Jorge Fuentes - Eduardo Cergnul
e. 03/10/2022 N° 79367/22 v. 03/10/2022
Fecha de publicación 03/10/2022